“España, justos por pecadores” por Osvaldo-Antonio Ramírez

La sociedad española se debate entre los efluvios dulzones del socialismo, la conducción “rosa” –lo ha dicho Berlusconi– de Zapatero, y los embates de la derecha recientemente llegada al poder con Rajoy a la cabeza que se preocupa por defender los intereses de sus acreedores.

En esas aguas nadamos quienes vivimos esta, llamémosle, transición. Se toman medidas para sanear las finanzas y la mejor manera de sanear, dicen, es recortar.

Hay recortes necesarios y también Recortes, quiero decir, los tijeretazos del gobierno, de ahí la mayúscula porque los Recortes, amén de la necesidad de hacerlos y suponiendo que después vengan medidas que impulsen la creación de riqueza que, a mi entender, es lo primero que se debe hacer, golpean a los estamentos más bajos de la sociedad.

Uno de éstos, por sólo comentar uno, hay tela por donde cortar (así pensarán en el gobierno) es la medida de no atender a los inmigrantes que no tengan residencia legal en España y eso, visto así, frívolamente, puede parecer acertado. Pero lo cierto es que la medida deja sin asistencia médica a los que llevan dos o tres años, incluso más, residiendo en el país sin haber regularizado su situación migratoria, sea cuales sean las causas.

La medida se toma, en parte, porque algunos inmigrantes se han servido de la bondad y la bonanza del sistema de asistencia médica español para traer desde sus países a familiares, e incluso amigos, lo empadronan, obtienen la tarjeta sanitaria y después reciben todo tipo de atención, incluida, conozco algún caso, una intervención quirúrgica coronaria.

Esto ha sido un abuso y hay que detenerlo. Habría que cuestionar por qué una persona radicada en el país con situación migratoria legal puede gastar un billete de ida y regreso, si es que regresa, para traer a un familiar para que se atienda en España. ¿No es más fácil y económico enviarle el dinero y que reciba asistencia en su lugar de origen?

La emigración, en este mundo globalizado, es hoy inevitable. Las diferencias entre países pobres y ricos, los conflictos políticos, las dictaduras, la necesidad de tener una vida mejor, la esperanza de una existencia llevadera empujan al hombre en busca de un sueño que se debe respetar e incluso apoyar.

Hoy, la llamada emigración organizada, legal, es prácticamente indetenible y dentro de no pocos años lo será más tómense las medidas que se tomen. Pero ojo que esto tiene muchas aristas.

Navegar en esas aguas me permite conocer la fuerza de los vientos de la tormenta. Quien emigra está en la obligación de conocer las leyes del país de acogida, pero no sólo eso sino respetarlas y asumirlas. Tiene la obligación de insertarse en una cultura que, por diferente que sea, es en la que pretende vivir y a la que por decisión propia ha venido.

No es aceptable pretender establecer guetos culturales al margen. He vivido la experiencia de ver como un vecino, hastiado por el bullicio de una fiesta familiar, ha pedido, por favor, un poco de cordura, bajar la música, hablar bajo. La respuesta –lo he vivido, repito– no ha podido ser más insultante: Estoy en mi casa. Eso me hace recordar una canción infantil de mi país “el patio de mi casa es particular”.

Pero, detengámonos, esto es más profundo ¡muchos son españoles por arraigo! ¿Cómo se explica que alguien sea ciudadano de un país y no conozca el himno nacional, sus raíces culturales y mucho menos su historia.

Emigrar es una decisión personal, pero siempre condicionada por la respuesta a la intención de insertarse en el lugar de acogida.

Hay un término muy al uso: xenofobia.

Cualquiera que escriba líneas como éstas puede ser tildado de xenófobo para desvirtuar la esencia del fenómeno, pero también debe detenerse a pensar, estimado filántropo, qué parte de culpa nos toca, cuánto hemos contribuido a sembrar este sentimiento de rechazo.

Hace unos días, en el metro de Barcelona, en medio de un vagón donde el bullicio, la música estridente que saltaba desde algún móvil y conversaciones en voz alta que nada tenían que ver con el resto de los viajeros, una señora me dijo al oído: “Dios mío, ya son más que nosotros”, y yo me pregunté, muy a mi oído también, ¿tengo culpa de esto? No se puede vivir en un país sin su cultura y, mucho más, no se puede pretender establecerse en un país, al margen, y sin el país. No propongo renunciar a la ontogenia.

Esas personas: el del móvil inundando mi mañana con música que sólo escucharía obligado en un cuarto de torturas (o en el metro), los chicos que hablaban a viva voz y el resto de los que formaban la Babel del vagón tienen derecho a la asistencia médica y aquí es donde se abre el enigma de la decisión, el abismo entre el Recortazo y la idiosincrasia de una sociedad con raíces judeocristianas.

Dejar a quienes residen en España, aunque no sea legalmente, pero residen, sin asistencia es, sencillamente, un crimen en este siglo XXI que ninguno de nosotros sobrevivirá. La idea de salvar la economía no puede superar la obligación humanitaria. No es lo mismo detener lo que se despilfarra que cerrar lo necesario.

España es un país del primer mundo y esta clasificación no se debe sólo a conceptos económicos sino a criterios humanitarios. Se impone un alto grado de sensatez, un análisis casuístico. Las consultas de urgencias serán un caos porque el médico no puede decidir qué es una urgencia y qué no hasta que ve al paciente. Además, el doctor sólo atenderá la “urgencia” porque en caso de seguimiento se limita a remitirte a tu médico de cabecera.

Los que asistan por necesidad tendrán que esperar por obligación (hoy el tiempo de espera es muy alto) mucho más y entonces para solucionar el problema alguna mente iluminada puede establecer que primero se atiendan a los que tienen residencia legal, a los nacionales, y después a los indocumentados.

¡Cuidado señor recortador, ilustre salvador de la economía!

Su medida puede crear un verdadero caos humanitario.

Osvaldo-Antonio Ramírez, Madrid, junio 2012

*Foto tomada de Internet.